Puebla: ¿Ciberasedio o Cibercensura? | Juez y Parte
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Por Daniel García
Continúa el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, todos los juzgados y Unidades de Gestión Judicial continúan cerrados, el día de mañana se cumplirán tres semanas, y el asunto parece no tener solución. Esto porque el pasado sábado, una página de los trabajadores del Poder Judicial reportó que el proceso de elección del nuevo secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene muchas irregularidades, pues solo se había logrado registrar un candidato, el actual secretario, Diego Valdez Medina.
Esto ha enojado a muchos de los trabajadores, pues ahora también se comenta que este líder sindical no ha hecho nada por beneficiar a sus agremiados, aceptando todas las condiciones del Magistrado Rafael Guerra sin defender a la base trabajadora. Por ello, ayer y hoy se vieron cartulinas con mensajes de protesta en contra de ambos en los edificios del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Lo mas curioso es que desde los poderes ejecutivos Federal y de la Ciudad de México no ha habido pronunciamiento alguno, silencio total, lo cual deja claro el compadrazgo entre ambas instituciones, nada que sorprenda, pues como comentamos la semana pasada, Rafael Guerra fue el único presidente de un poder judicial que abiertamente mostró su apoyo total a la reforma judicial. Aquí vuelvo a dejar mi pregunta ¿Qué planea Guerra? ¿Qué favor debe? No es normal ver tan servil un poder de la unión hacia otro poder.
Un mes sin actividad en los Juzgados Familiares, tres semanas en los demás Juzgados y unidades administrativas, veamos que al gobierno no le importa para nada la justicia social que tanto predican, no quieren acerar la justicia a la sociedad como según dicen, les recomendaría un amparo, pero ahora también la justicia de la unión no ampara ni protege, solo sirve para que el gobernante se quite obstáculos del camino. Que lejos estamos de la frase que dejó el verdadero Siervo de la Nación.
«Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario.»
José María Morelos y Pavón
Y se pone peor, porque ahora el que se queje con justicia contra el arbitrario en redes sociales, será detenido, arrestado y procesado penalmente, esto por la aprobación de la ley de Ciberseguridad en el estado de Puebla, la cual se ha apodado Ley Censura, en la cual se ha creado el tipo penal (delito) de Ciberasedio, con penas de prisión, reformado el artículo 480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual se lee así:
Artículo 480
Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Esta reforma representa un enorme peligro a la libertad de expresión, no soy el primero en expresar esta preocupación, organizaciones civiles como Artículo 19 lo vienen manifestando desde la publicación de la propuesta de reforma.
El peligro radica en lo ambiguo de la definición del delito, no está claro que significa “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje”, más aún, poniendo “a otra persona” puede estar incluido cualquier servidor público o político, empresarios no, porque el gobierno actual los odia.
Hoy se encuentra vigente esta ley en el Estado de Puebla, ¿Cuándo será nacional? ¿Cuánto tiempo le queda de vida a la libertad de expresión?
Yo soy el máximo detractor de la persona Lenia Batres, si ella llega a sentirse insultada por mis comentarios, según esta ley, puede llevarme tres años a prisión como mínimo, exigir una reparación del daño y continuar fingiendo que trabaja, dejando sus 35 mil proyectos pendientes de presentación en la Suprema Corte, gastando centenas de miles de pesos en asesores que no tienen alguna preparación en leyes o Derecho Mexicano.
En otros tiempos, la censura era algo que se evitaba y se prohibía, como en el lejano 2019, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los servidores públicos que tienen cuentas en redes sociales en las que difunden sus actividades oficiales no pueden bloquear a los ciudadanos que usan esas plataformas para emitir comentarios o críticas severas a su actuar.
Aquel proyecto estableció que el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad de los servidores públicos, pues el bloqueo implica una restricción indebida al derecho humano de información.
Hoy, Lenia Batres tiene desactivados los comentarios en sus redes sociales; Fernández Noroña hizo que un ciudadano se disculpara públicamente de sus comentarios en redes sociales; el gobierno de Yucatán, dirigido por Layda Sansores, ganó un juicio penal en contra del diario Tribuna y su ex director Jorge Luis González Valdez, condenado a prohibición de ejercer el periodismo en los próximos dos años, así como pagar 2 millones de pesos, por concepto de indemnización, al director de Comunicación del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab, así como el cierre total del medio de comunicación.
PISACORBATAS
En los últimos años, he visto un creciente número de casos de fraude por redes sociales, sobre todo en la compraventa de inmuebles, carros y motos. Lo bueno de la reforma al Código Penal de Puebla, es que vemos el primer paso por erradicar este delito, pues se endurecen las penas por suplantación de identidad o robo de datos personales.
La legislación actual en materia de fraude es muy pobre, existe una enorme revictimización y una justicia por demás lenta al momento de integrar las carpetas de investigación, es un buen inicio, pero se debe trabajar con urgencia en el tema.
@chaledani
